El “Fondo de Ahorro Panamá” repite la historia de
LOS MILLONES DE LA POSTERIDAD
William Nelson Cromwell,
en cuyas manos desaparecieron los "Millones de la Posteridad"
Por Olmedo Beluche
La convocatoria
a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto
de ley que crea el “Fondo de Ahorro Panamá”, propuesto por el Ejecutivo, me
produce una sensación de deja vu. Esto parece que ya lo hemos vivido. ¡Ah! Ya
recordé: “Los millones de la posteridad” de 1903, cuando se firmó el Tratado
Hay Bunau Varilla. Es que la historia de nuestro canal está empedrada de las
intenciones de algunos para desviar a su favor los beneficios que debieran ser
de la colectividad.
Hagamos
ejercicio de memoria: cuando Estados Unidos impuso la separación de Panamá de
Colombia y el Tratado de 1903, firmado por el francés 15 días después, se
mantuvieron las mismas cláusulas económicas del Tratado Herrán-Hay (enero 1903)
que ya habían sido rechazadas por la opinión pública panameña y colombiana por
abusivas. Según dichas cláusulas, Panamá recibiría del gobierno norteamericano
10 millones de dólares por los derechos de construir y administrar el canal, y
la Compañía Nueva del Canal (francesa), recibiría 40 millones.
Como bien
establece el libro de Ovidio Díaz Espino (El país creado por Wall Street),
y corrobora Tomás Arias en sus Memorias, de los diez millones: el primer millón se esfumó
en sobornos para ganar adhesiones a la separación (“el fondo de los reptiles”,
le llamó Oscar Terán); otros tres millones se entregaron al gobierno de Amador
Guerrero para su funcionamiento en 1904; y, a alguno de los “próceres” se le
ocurrió que el resto de los 6 millones era demasiada plata para gastárselo en
el pueblo panameño.
Así que
dispusieron crear el “Fondo Constitucional o los Millones de la Posteridad”.
Dinero que se quedó en Estados Unidos para invertirlo en bienes y raíces que
sería para “las futuras generaciones” de panameños. Por cierto ese fondo fue
administrado por William N. Cromwell, padre putativo de la patria (verdadero
genio de la separación), en calidad de agente fiscal y cónsul de Panamá en
Nueva York.
El caso es que
en 1948-49, en medio de una gran crisis económica, el gobierno de turno se
acordó del susodicho fondo para afrontar el déficit fiscal. Pero a ese año, del
fondo de los 6 millones sólo quedaban, en depósitos del Chase National
Bank, 2 millones a los que recurrir. Según Celestino
Araúz y Patricia Pizzurno (Estudios sobre el Panamá republicano),
se ideó entonces el “Plan Manero”, por el cual se refundiría la deuda externa,
con la “emisión de bonos garantizados con el pago de la anualidad del Canal,
con base a la liberación del Fondo Constitucional”.
El caso es que
nuestra clase dominante siempre ha buscado de hacer del canal y los beneficios
que produce un aprovechamiento lo más privado posible, contrario de la
consigna: “el uso más colectivo posible”, que lanzara Omar Torrijos en sus
tiempos. De manera que, como me decía recientemente una profesora de
Humanidades, los que pusieron el pecho luchando por la soberanía, al final son
los menos beneficiados del “canal administrado por panameños”.
Así surgió el
título constitucional que creó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y su ley
orgánica, que lo ha desgajado del conjunto del Estado nacional, dotándolo de
una súper autonomía que lo ha convertido en una nueva Zona del Canal, pero sin
gringos.
En el mismo
sentido, quienes nos opusimos al Proyecto de Ampliación del Canal, en 2007,
decíamos que, diseñar una obra como las esclusas postpanamax no era urgente ni
estaba justificado, cuando lo verdaderamente urgente era resolver la “deuda
social” con el pueblo panameño, que aspiraba a que la lucha por la soberanía de
cien años, rindiera frutos concretos en su bienestar. Era como si un padre de
familia cuyos hijos no tienen zapatos se gastara lo que acababa de ganar en un
sobresueldo o la lotería en comprarse un automóvil de lujo.
De manera que,
como ya se está viendo, los, por lo menos, 5.200 millones de dólares de la
ampliación irían directamente al bolsillo de los bancos que financian la obra y
las empresas constructoras. Mientras que el pueblo sólo recibe pocos beneficios
indirectos (5.000 empleos, nada que ver con los 200 mil prometidos) y muchas
afectaciones directas (como el alza de los precios de los materiales de
construcción).
El proceso de
apropiación privada del Canal de Panamá continúa y a esa lógica responde el Fondo
Soberano llamado “FAP” que ahora se crea. El FAP busca
privatizar los ingresos de ese bien público por varias vías:
1. Al usar como
capital semilla inmediato el Fondo Fiduciario, creado por Pérez Balladares con
las privatizaciones de las empresas públicas durante su gestión (1994-99), el
actual gobierno extingue esa ley, y logra por arte de magia proceder a vender
el resto de las acciones que quedaron en manos del Estado panameño para usarlas
en gastos corrientes durante la actual administración. A este respecto,
discrepamos con la posición del PRD, que defiende como bueno el Fondo
Fiduciario y malo el FAP. El Fondo Fiduciario es repudiable porque fue producto
de unas privatizaciones a las que se opuso el pueblo panameño y porque ese
dinero (1.200 millones) está depositado en bancos en el extranjero, en vez de
estar disponible para la inversión en el país. El Estado panameño recibe unos
milloncitos al año de ese fondo, pero los bancos que lo manejan sacan mucho
más.
2. El artículo 3,
señala que además del Fondo Fiduciario, el FAP recibirá: “Toda contribución de la ACP al Tesoro Nacional,
superior al 3.5% del PIB nominal del año en curso, a partir del año fiscal 2015”.
3. El artículo 6
del proyecto del FAP autoriza a los administradores a invertir “en emisores
e instrumentos fuera de Panamá, que hayan mantenido una calificación de riesgo
equivalente a AA-..”. Y además: “el F AP podrá invertir hasta un 10% de
sus activos en títulos de deuda emitidos por la República de Panamá, a través
del mercado secundario de capital internacional o nacional”. Es decir, se
podrá especular con ese dinero o usarlo como garantía para los banqueros que
han prestado para las mega obras hechas por Martinelli.
4. El artículo 4
establece que el gobierno de turno, a partir de 2015, podrá disponer de los
fondos (siempre que no baje del equivalente al 2% del PIB del año anterior), en
situaciones como: la declaración del “estado de emergencia”; o
“desaceleración económica”; o usar en
gastos regulares cada año hasta el equivalente del 0,5% del PIB. Nuestros
gobernantes tienen visión de futuro, y saben que hoy estamos como en Grecia
hace 10 años, pero que pronto podemos estar como en la Grecia de 2012, sumando
los compromisos financieros desorbitados del actual gobierno. Se están
preparando para garantizarle a los banqueros su parte del botín cuando lleguen
las vacas flacas.
5. El artículo 5
faculta a los admistradores a contratar: “El Fideicomitente podrá contratar
“un Seguro Catastrófico, como herramienta de previsión ante posibles desastres
naturales, y mantenerlo hasta tanto los activos del F AP no exceda un 5% del
PIB del año anterior. El costo máximo y otras condiciones bajo las cuales se
podrá contratar este seguro serán reglamentado”. Ya podemos imaginarnos
quiénes se pelearán por ser las aseguradoras beneficiarias de este contrato.
Todo lo dicho
no significa que quienes proponemos un país alternativo al actual, en que la
balanza de la riqueza se inclina a favor de una minoría, y la miseria se queda
en las mayorías, seamos unos irresponsables que propongamos gastarnos todos los
ingresos del canal de un solo golpe.
Un gobierno
popular y antineoliberal propondría la creación de un Fondo de Ahorro, pero
administrado por entidades públicas (como la Caja de Seguro Social) para
inversiones dentro del país, que generen y multipliquen la riqueza social:
apoyo a la agricultura y la industria nacional, que genere empleos bien
remunerados, construcción de viviendas populares, etc.
Si nos atenemos
a la experiencia: vaticinamos que a la vuelta de un par de décadas, los dineros
del FAP se habrán esfumado misteriosamente, como pasó con los “Millones de la
Posteridad” de 1903. Nosotros, los panameños y panameños actuales, somos “la
posteridad” de aquel entonces, y no hemos visto aquellos beneficios. ¿Haremos
lo mismo con nuestra “posteridad”? Parece que los tataranietos de aquellos próceres
quieren repetirnos el cuento.
